En la actualidad hablar de reformas educativas es hablar de recuperar la calidad de la enseñanza, o por lo menos así lo entendemos en Educación y Gestión. Por eso, no comprenderemos que se pidan a la comunidad educativa esfuerzos de adaptación con otros intereses.

La reciente encuesta realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a 250.000 estudiantes de 32 países, refleja que los alumnos españoles están entre los que menos saben de literatura, matemáticas y ciencias. Estos datos, entre otros, vienen a confirmar la evidencia, y a avalar la necesidad de afrontar las reformas oportunas.

Desde Educación y Gestión hemos valorado positivamente que el equipo de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, haya tomado la iniciativa de corregir aquellos aspectos que no están funcionando bien en el sistema educativo, y hemos mostrado nuestro apoyo en numerosas ocasiones. Ahora esperamos que no nos defrauden, y que las reformas que se están elaborando sean un acierto y sirvan para invertir los datos del estudio de la OCDE.

No obstante, consideramos que la calidad del sistema educativo hay que entenderla de manera global, y que no puede centrarse únicamente en unos buenos resultados académicos. Aunque nos situáramos en los primeros puestos de esa "lista de países que enseñan mejor", según propone la OCDE, no habríamos avanzado nada si no se tiene en cuenta que las reformas tienen que ir también encaminadas a recuperar valores tradicionales. Es necesario ofrecer una educación en valores instrumentales como la disciplina, la responsabilidad o la constancia, hoy prácticamente olvidados entre los jóvenes del siglo XXI.

El nuevo sistema educativo español que se dibuje tras las reformas educativas previstas por el Ministerio de Educación tendrá que dar respuesta a las nuevas demandas que exige la sociedad. Entre ellas ocupan lugar prioritario todo lo referente a la integración de minorías étnicas o a la irrupción de las nuevas tecnologías, aunque sin olvidar cuestiones como el fracaso escolar, la desmotivación del profesorado o la falta de credibilidad de la sociedad hacia todo lo educativo.

En cualquier caso, entendemos que para afrontar estos aspectos los responsables educativos deben ser enormemente creativos y, ante todo, tener valentía política para asumir el coste de desgaste que conlleva.

En cuanto a la futura Ley de Calidad, EyG considera que debe afianzar la formación integral, y los valores morales y éticos. Asimismo, debería servir para reconducir la descentralización autonómica en materia de educación. Los costos de este modelo se han disparado y, lo que es más grave, las posibilidades de las distintas comunidades autónomas no son las mismas. Si esta situación está generando desigualdad de oportunidades la nueva ley debe poner los "retoques" necesarios para que no se sigan produciendo.

Para nuestra oferta de enseñanza privada, la Ley de Calidad debería además garantizar la libertad de elección de centro, de tal manera que no se vea condicionada por el nivel socioeconómico de quienes optan por este tipo de enseñanza. En nuestros centros hemos optado por atender en las aulas a todo tipo de familias que acepten nuestra propuesta educativa, pero esta vía no será posible, ni se podrá garantizar en condiciones suficientes de calidad, si no se dota de los medios económicos necesarios.

Estamos convencidos de que los conciertos en la Educación Infantil y en el Bachillerato son determinantes y ayudarán mucho a corregir estas injustas desigualdades sociales. Por ello, entendemos que la nueva ley debería dar una tratamiento de "básica y gratuita" a la enseñanza que tiene lugar entre los 3 y los 18 años.

Llevamos años demandando que se cuantifique el costo real del puesto escolar y, en un momento en el que se van a tomar importantes reformas, sería una buena oportunidad para realizar un estudio en este sentido, con objeto de que posteriormente se habiliten las correspondientes partidas presupuestarias que garanticen la igualdad de oportunidades en la elección de centro.

En cuanto a la Formación Profesional, Educación y Gestión considera urgente convertir estos estudios en una opción válida para todos los alumnos, y en estrecha vinculación con la empresa.

En el terreno universitario, entendemos que la Ley Orgánica de Universidades (LOU) tiene como positivo la supresión de la Selectividad o la nueva composición de los tribunales de selección. Asimismo, consideramos que la LOU debe mantener la autonomía de las universidades privadas y que se continúen exigiendo los requisitos que garanticen que el título final tiene garantías y rigor científico.

Desde EyG, no obstante, valoramos negativamente que se aprovechen las manifestaciones contra esta ley universitaria para atacar a la enseñanza privada. En cualquier caso, esperamos que las reformas educativas previstas por el Gobierno sirvan para que no tengamos que volver a hablar de recuperar la calidad de la enseñanza. Para ello, será necesario que no se escatimen esfuerzos, que haya un presupuesto suficiente y que se busque el consenso con la comunidad educativa.

Néstor Ferrera

Presidente de Educación y Gestión
Madrid